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Desde la sección sindical CGT - Asispa denunciamos los siguientes hechos que están ocurriendo en Caracolas:

Recientemente se han mantenido reuniones entre varios responsables del Ayuntamiento de Madrid, de Samur Social y de Asispa, en las cuales se han acordado un cambio en el perfil de las personas que pueden acceder al centro, limitando la entrada a derivaciones de Samur Social, familias con menores y mujeres solas. Asimismo, se ha temporalizado la estancia de bastantes personas usuarias que llevaban muchos meses viviendo en Caracolas, bien porque son derivadas a otros centros, o bien porque deben buscar un alojamiento por su cuenta, con todas las complicaciones que supone para estas personas en situación irregular encontrar un alquiler cuando ni tan si quiera pueden formalizar un contrato de trabajo estable. Debido a estas directrices, muchas personas usuarias se han marchado por lo que la ocupación ha disminuido, llegando a un tercio de su capacidad (100 personas de 300 plazas). Mientras tanto, la red de personas sin hogar se encuentra saturada y hay listas de espera de más de 3 meses. En este contexto de abandono institucional muchos hombres solos llegan a Caracolas derivados de la central de Samur Social en la Latina, y a pesar de tener plazas disponibles en Caracolas, se les niega la entrada argumentando que deben esperar en situación de calle a que otros centros se vacíen para poder conseguir un alojamiento. De hecho, en caso de que un hombre solo acuda a Caracolas a partir de las 23:00 debe esperar afuera hasta las 7 de la mañana del día siguiente para que el equipo de trabajo social valore su derivación a otro centro.

Ante esta nefasta gestión organizada e implementada desde el Ayuntamiento, Samur Social y Asispa, denunciamos una vulneración grave de Derechos Humanos al impedir expresamente a muchas personas el acceso al centro, pese a la enorme cantidad de plazas libres que se encuentran disponibles. Asimismo, denunciamos que se abandone a personas en situación de calle en medio de la emergencia sanitaria producida por la COVID-19. Mientras se mantienen los beneficios de las empresas privadas y se imponen sus intereses no se atiende las necesidades básicas de la clase trabajadora y muchas personas quedan desprotegidas.