A lo largo del año pasado se vivieron en Caracolas situaciones bastante tensas provocadas en gran medida por el autoritarismo con el que actúa el equipo de coordinación del centro, el incumplimiento del pliego público en las contrataciones de trabajadores y la falta de organización interna de Asispa así como su normativa inflexible y rígida. Este conjunto de factores provocó que muchas trabajadoras se diesen de baja por ansiedad y que desde el departamento de prevención de riesgos laborales se realizase un test de riesgos psicosociales que arrojó datos bastante negativos en relación al estado de salud de la plantilla.
Uno de los sucesos más graves ocurrió el pasado mes de diciembre de 2021 cuando fueron despedidas tres compañeras que llevaban trabajando en Caracolas más de un año y medio como auxiliares de servicios sociales en el turno de mañana, tarde y noche, respectivamente. En este caso, la empresa sin previo aviso procedió a citarles en la central de Asispa para notificarles que se encontraban suspendidas de empleo durante siete días por haber cometido faltas graves en su centro de trabajo, ante lo cual ellas tenían derecho presentar sus correspondientes alegaciones. Aunque las presentaron, la empresa les citó nuevamente en la central de Asispa para comunicarles sus despidos disciplinarios aludiendo, por segunda vez, que habían cometido faltas graves durante sus jornadas de trabajo e incumplimientos en la normativa del centro, según la versión ofrecida por el equipo de coordinación. Sin embargo, la entidad carecía de pruebas consistentes que demostrasen estas acusaciones y en ningún caso se preocuparon por investigar lo sucedido, por lo que asumieron como verídicas las palabras de las coordinadoras de caracolas. Ante esta situación injusta, las tres compañeras presentaron sus respectivas denuncias al juzgado de lo social, situado en la plaza de los cubos, en Madrid, para que se considerasen sus despidos improcedentes y pudiesen obtener sus respectivas indemnizaciones económicas.
El procedimiento que sigue el juzgado de lo social cuando se denuncia un despido disciplinario consiste en fijar unas fechas para acordar conciliaciones entre el trabajador y la empresa, que suelen tardar en organizarse entre tres y cuatro meses. Si ambas partes no llegan a un acuerdo en estas conciliaciones se procede a abrir un juicio que tiende a dilatarse en el tiempo. Al principio, cuando acudieron nuestras compañeras a las conciliaciones se encontraron con que Asispa les ofrecía un 40 % de la indemnización total que les debían (alrededor de 1.200 euros a cada una). Después de varias conciliaciones, la empresa accedió a aumentar la indemnización hasta los 2.300 - 2.500 euros a cada una de los 3.000€ que suponía la indemnización completa, ya que Asispa carecía de pruebas que demostrasen la comisión de esas faltas graves. Finalmente, aceptaron este aumento de la indemnización a mediados de 2022 debido a que habían perdido su principal fuente de ingresos y a que estos procesos judiciales conllevan bastante tiempo y dinero.
En resumen, se pueden extraer varias conclusiones de todo lo sucedido:
- Asispa y el equipo de coordinación de Caracolas han mandado un mensaje claro de miedo a toda la plantilla al despedir a una trabajadora antigua de cada turno de auxiliares. Con estas medidas tratan de evitar que las trabajadoras se organicen y reivindiquen sus derechos laborales básicos.
- El equipo de coordinación de Caracolas ha actuado de mala fe al informar a la central de Asispa de unas supuestas faltas graves de nuestras compañeras sin tener ninguna prueba de que las hubiesen cometido.
- La implementación de formaciones durante este año orientadas a la gestión del estrés por parte de las trabajadoras y la aparente preocupación por la plantilla desde coordinación es completamente contradictoria con las actuaciones que se llevan a cabo en nuestro centro como estos despidos.
- Es necesaria la organización sindical frente a una empresa falta de seriedad, profesionalidad y que no respeta derechos humanos, laborales ni sindicales.